Legislación que regula la demolición en España
Las demoliciones en España están reguladas por un conjunto de normativas a nivel estatal, autonómico y local, con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores, la protección del medio ambiente y la correcta gestión de los residuos generados. Su incumplimiento implica sanciones y responsabilidades legales.
Estas son las normativas fundamentales que regulan nuestra actividad:
Normativa estatal:
- Ley de Ordenación de la Edificación (LOE): Esta ley establece los requisitos básicos de seguridad y calidad que deben cumplir las demoliciones, así como las responsabilidades de los agentes implicados (promotor, proyectista, contratista, etc.).
- Código Técnico de la Edificación (CTE): El CTE incluye disposiciones específicas sobre seguridad en caso de incendio, seguridad estructural y seguridad de utilización durante las demoliciones.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL): legislación imprescindible para prevenir accidentes derivados de caídas, exposición a sustancias peligrosas, ruido, vibraciones, y otros riesgos propios de las demoliciones.
- Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto: En caso de que la demolición involucre materiales con amianto, se deben seguir las medidas de seguridad establecidas en este real decreto.
- Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición: Desarrolla la Ley 22/2011 y establece los procedimientos para la gestión de los RCD, incluyendo la elaboración de planes de gestión y la obligatoriedad de separar los residuos peligrosos.
- Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados: Regula la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), estableciendo obligaciones para su correcta separación, tratamiento y valorización.
Normativa autonómica y local:
Cada comunidad autónoma y ayuntamiento puede tener normativas adicionales que regulen aspectos específicos de las demoliciones, como la protección del patrimonio histórico, la gestión de residuos o la seguridad en el entorno urbano.
Es fundamental tener en cuenta la normativa específica del lugar donde se realizará la demolición para asegurarse de cumplir con todos los requisitos aplicables.